A pesar de la nocturnidad -y alevosía, dicen algunos- con que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, logró un principio de acuerdo sobre la reforma del Estatut catalán con el líder de la oposición en aquella región, Artur Mas, lo cierto es que Catalunya sale beneficiada, y mucho, con los pactos alcanzados. Dejando de lado la salomónica solución sobre la inclusión de la palabra «nación» en el articulado del texto reformado, equid de esta cuestión, que es la financiación, rezuma espíritu positivo. La cesión de la gestión de los principales impuestos -el Estado se queda el cien por cien del impuesto de sociedades, pero cede generosos tramos de los demás- hace prever una mejora sustancial de la financiación de la autonomía.
Hecho éste que nos lleva a la siguiente reflexión: si Catalunya consigue gestionar semejante montante económico, Balears debe reclamarlo de inmediato. No caben en estos momentos alusiones a lo «histórico» de Catalunya, País Vasco y Galicia; tampoco procede hablar de ideologías ni de partidos. De lo que hay que hablar es de la posibilidad de que cada gobierno autonómico -respetemos la alternancia política- pueda poner en marcha sus propios proyectos, y para eso es necesario contar con una suficiente financiación. Por eso Balears tiene que esforzarse en unir sensibilidades, en dejar de lado partidismos absurdos y aunar la fuerza necesaria para exigir en Madrid cualquier privilegio que otras autonomías puedan conseguir.
Todos sabemos que políticamente Balears tiene escasa fuerza, pero económicamente tenemos mucho que decir. Aportamos al Estado ingentes cantidades de dinero y es lícito y legítimo que reclamemos una compensación.