El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Convergència i Unió (CiU) sobre el Estatut catalán ha recibido el plácet de las fuerzas políticas que apoyan al Ejecutivo a excepción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que votará en contra de la definición de Catalunya contemplada en el mismo y estudiará a fondo la financiación, y el Partido Popular (PP), cuya reacción contraria no supone ninguna sorpresa, por cuanto se trata de insistir en una posición que han mantenido desde el mismo inicio de la tramitación parlamentaria del texto estatutario. Y, como es previsible, lo más probable es que los conservadores acaben planteando el asunto ante el Tribunal Constitucional.
Dentro de los aspectos más relevantes destaca el tema de la financiación, notablemente mejorado, con un incremento de la cesión de impuestos como el IRPF o el IVA y la creación de una Agencia Tributaria consorciada en un plazo de dos años. El término 'nación' figuraría sólo en el preámbulo y se mantendría en el articulado la actual definición de Catalunya como nacionalidad, como en el Estatut de 1979.
Todo esto no tiene por qué suponer trauma alguno, siempre y cuando se garantice la solidaridad entre los territorios que conforman España y se mantenga la unidad de mercado.
Sería bueno que el desarrollo de la reforma del Estatut catalán condujera al cambio de otros textos autonómicos como el de las Illes Balears para conseguir mayores cotas de autogobierno y una mejor financiación, asunto este último clave en nuestro caso.
No obstante, la negociación no está cerrada, ERC, pese a los avances, considera insuficiente el texto resultante, y los contactos se reanudarán hoy en La Moncloa.