Papeles, pero no para todos

El proceso de regularización de extranjeros llevado a cabo por el Gobierno a lo largo de 2005 arroja unos resultados, llamémosle, aceptables. Son 569.000 inmigrantes los que han visto normalizada su situación. No obstante, han quedado fuera de dicho proceso por distintas causas 265.000 trabajadores, los que unidos a sus familiares que están fuera de edad laboral suman un montante de 665.000 personas «sin papeles». Muchos son. La regularización se hacía del todo necesaria tanto para hacer aflorar la economía sumergida, como para evitar la explotación del trabajador, y, por descontado, por cuestiones tributarias. Y en este sentido hay que celebrar la diligencia del Gobierno socialista, que ha sabido conducir el problema por unos cauces a los que anteriores Ejecutivos no pudieron llegar. Pese a ello, juzgamos que se puede ir aún más lejos. Especialmente si las autoridades se cifran como objetivo, en primer lugar, que los futuros inmigrantes lleguen legalmente a nuestro país, y siempre atendiendo a las necesidades del mercado laboral. Otro aspecto del asunto es el que concierne a la presión que debe ejercer el Gobierno sobre los empresarios «distraídos», cuando no morosos. Y al respecto es preciso recordar que una de las grandes causas de rechazo a las solicitudes de regularización de inmigrantes se debe a que aquellos contaban con ofertas de trabajo de empresas que tenían deudas con la Seguridad Social. En conjunto, pues, se puede hablar de una mejora sustancial del problema, por más que hay que mostrarse exigente en esta materia. Y, especialmente, se debe hacer todo lo posible para que a finales de 2006 podamos seguir hablando de buenos resultados, ya que tratándose de una inmigración creciente, todo lo que no sea progresar supone un atraso.