Empresarios del sector de la restauración de las Islas han calculado que adaptar sus bares y restaurantes, de más de cien metros cuadrados, a la «ley antitabaco» nacional les costará entre 6.000 y 30.000 euros, así lo afirmó ayer el coordinador autonómico de Drogodependencias, el doctor Bartomeu Jaume.
«Son muchos los empresarios que se han puesto en contacto con CRIDA para pedir información sobre la tramitación de expedientes para llevar a cabo las obras de adaptación de los locales», explicó Jaume y añadió que también consultan sobre la posibilidad de que la administación asuma parte del coste de las obras.
Por su parte las patronales CAEB y PIMEB han encargado sendos estudios sobre cual será el coste real de esta adaptación para los propietarios de los locales de más de cien metros cuadrados y han confirmado que muchos empresarios estudian reducir los metros de sus establecimientos para no tener que realizar las obras en plena temporada.
Por otra parte la consellera de Salut i Consum, Aina Castillo, confirmó ayer que el PSIB-PSOE ha denunciado a su departamento ante la propia conselleria por el hecho de aplicar la normativa autonómica en los bares y cafeterías de menos de cien metros cuadrados y por dar, según los socialistas, información «confusa» desde el servicio CRIDA a los ciudadanos que consultan sobre esta cuestión. Castillo afirma que la denuncia ha sido puesta a disposición de los servicios jurídicos y que no acaba de entender la actitud de los socialistas cuando los juristas «nos han dado la razón sobre la aplicación de la normativa».
Por otrar parte las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-León y la Comunitat Valenciana han solicitado información al Govern balear sobre las medidas que se aplican en las Islas en los bares de menos de cien metros cuadrados.