Una iniciativa social sin precedentes que ha puesto en marcha el Gobierno de Rodríguez Zapatero, una ley que garantiza la asistencia de las personas que no pueden valerse por sí mismas así como las prestaciones de las personas que cuidan de ellas (principalmente mujeres), convirtiéndose en el nuevo pilar del Estado de Binestar, amenaza con convertirse en un capítulo más del enfrentamiento entre los gobiernos central y balear. Todo comenzó ayer con una guerra de cifras sobre las personas «dependientes» que viven en Balears (una 26.000 personas, según el Ministerio de Asuntos Sociales; unas 56.000, según la Conselleria de Presidència del Govern) y que tiene como telón de fondo el presupuesto que sería preciso invertir en Balears.
El ministro Jesús Caldera, en una entrevista que publicaba Ultima Hora el pasado día 4, ya advertía que el Govern no tenía que caer en la tentación de reclamar más dinero ya que la asistencia social es competencia de Administración Central y Autonomías. El Gobierno central fija en unos 82 millones lo que deberían invertir las Administraciones (como mínimo, al 50%). Caldera se reunió ayer con Puig en Madrid. A su regreso, la consellera autonómica cifró en unas 56.000 el número de personas dependientes que viven en Baleares, lo que consideró que hará necesaria la revisión del presupuesto de 82 millones.
La consellera de Presidencia destacó el carácter informativo de la reunión que mantuvo con Caldera, aunque explicó que no se abordaron los detalles del proyecto normativo, que se analizará en una Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales prevista para el próximo día 18 de enero. Un portavoz del Ministerio de Caldera destacó el esfuerzo inversor que precisa esta iniciativa y aclaró que las cifra de 26.000 personas era estimativa, no definitiva y que puede aumentar.