El Consell ejecutará este año las cinco primeras demoliciones de su historia en otras tantas construcciones realizadas sin la correspondiente licencia y, por lo tanto, de forma ilegal. El Consell ejecutará en los primeros meses de este año la demolición de una caseta de herramientas -habilitada como casa de fin de semana- y una piscina construidas sin ningún tipo de permiso en el municipio de Llucmajor.
También se derribará la ampliación de 44 metros cuadrados de una vivienda del municipio de Artà. Este tipo de ampliaciones de vivienda son muy habituales en Mallorca y, aunque son detectadas por los ayuntamientos, lo habitual es que se perdone la demolición y esta sanción se sustituya por una multa. Sin embargo, el Consell ha decidido tratar de combatir esta relativa permisividad que en ocasiones se da en los municipios.
Otra de las edificaciones levanta ilegalmente que será derribada es una piscina y unas dependencias anexas, construida sobre la terraza existente. Las dependencias son una habitación y un trastero de una superficie aproximada de 28 metros cuadrados y la obra ilegal se hizo en el municipio de Andratx.Por último, las dos construcciones ilegales que serán demolidas son la construcción de un porche junto al tejado y la instalación de una pérgola fija en la terraza de una vivienda en el municipio de Pollença, así como las obras de hormigonado de 80 metros de un camino rural del término municipal de Sóller.
Dado que para la realización de todas estas obras de demolición es necesario realizar previamente los correspondientes proyectos técnicos, el Consell ha decidido convocar un concurso para que sea una empresa externa quien se encargue de ejecutar las obras de demolición.
El pliego de bases del concurso se encuentra ya en manos de los servicios jurídicos del Consell de Mallorca para que analicen los aspectos técnicos con el fin de que la institución insular pueda convocarlo cuanto antes. El objetivo es que las demoliciones hayan concluido en el primer trimestre de este año.El conseller de Territori del Consell, Bartomeu Vicens, tiene claro que ésta es la línea de actuación que debe seguirse: combatir el urbanismo ilegal con medidas resolutivas que hagan cavilar a los ciudadanos antes de decidirse a realizar obras son la correspondiente licencia.