El PSIB acusó ayer al Govern balear de estar secundado la estrategia de las industrias tabaqueras y manifestó que la ley autonómica, que no obliga a separaciones físicas, sino funcionales, entre las zonas de fumadores y no fumadores de los bares coincide con la estrategia de las multinacionacionales del tabaco.
La ley autonómica establece que incluso en los locales de menos de 100 metros cuadrados habrá zonas diferentes. La estatal contempla que en estos casos, decidirá la propiedad del local si se consume o no tabaco.
Francina Armengol (portavoz socialista) y Vicenç Thomás, secretario de Salut del PSIB, convocaron una rueda informativa en la que explicaron que el servicio de información de la Conselleria de Salut que aclara las dudas sobre la ley, «confunde», «da información errónea» y, además, «instiga» a incumplir la normativa estatal. Los socialistas anunciaron dos acciones inmediatas: una requisitoria a la propia Conselleria para que investigue si incumple la ley y, por otro lado, una comparecencia parlamentaria de la consellera Aina Castillo.
En opinión de Armengol, Castillo está usando la ley antitabaco y las instituciones para «hacer oposición al Gobierno de la Nación», además de entregarse a los «intereses particulares» del sector de la hostelería.
Los socialistas han comprobado que la actitud del Govern coincide con unas directrices contenidas en un informe interno de una compañia tabaquera.
Este documento prevé campañas de actuación e información dirigidas a estanqueros, hosteleros, minoristas, medios de comunicación, clubes de fumadores, empresas de publicidad, políticos y gabinetes de abogados para crear «un clima favorable al tabaco» que contempla, incluso, mensajes del tipo «la gente seguirá fumando igual» para evitar que las normas lleguen a aplicarse.
Esta estrategia, interceptada desde la dirección estatal del PSOE y desde organismos del Gobierno, es típica de países como los Estados Unidos donde los lobbies ejercen una gran influencia, incluso sobre los políticos.
El PSIB remarca que un 70 por ciento de la población no fuma y que la ley estatal pretende velar por los intereses de la mayoría, mientras que la actuación del Govern va en sentido contrario.