La Conselleria de Salut i Consum ha recibido, desde julio de 2005, un total de 95 denuncias y 10 quejas por el incumplimiento de la «ley antitabaco» autonómica. Todas las denuncias y quejas cuentan con su correspondiente expediente abierto por parte de la Direcció General de Salut Pública y un alto porcentaje de ellas podrían concluir en sanción económica.
Así lo explicó ayer el coordinador autonómico de drogodependencias, Bartomeu Jaume, quien puntualizó que 72 de las 95 denuncias fueron presentadas en el aeropuerto de Son Sant Joan; otras 21 por escrito y dos de forma oral.
Consultas
Por otra parte el teléfono de consultas que la Conselleria de Salut
i Consum puso a disposición de todos los ciudadanos cuando entró en
vigor la «ley antitabaco» autonómica y que ahora también está
informando de la normativa nacional, CRIDA, atendió ayer un total
de 79 consultas.
Los principales motivos de consulta continúan siendo sobre cual de las dos leyes se aplica en los bares y restaurantes de menos de cien metros y si está permitida la entrada de los menores en los bares en los que está permitido fumar y que cuentan con su correspondiente zona de fumadores.
A modo de anécdota Jaume explica que el propietario de un bar llamó a CRIDA y explicó que había colocado un cartel de «todo no fumadores» y su duda era si podía volver a aplicar la normativa autonómica ya que, desde que colocó el cartel, en su bar «casi no entra ni Dios».
Por otra parte el grupo municipal del PSOE anunció ayer que presentará una propuesta para que el Ajuntament de Palma aplique un plan de choque que permita agilizar los trámites para obtener la licencia municipal que permita adaptar los establecimientos de más de cien metros cuadrados a la «ley antitabaco» nacional.
El delegado del Gobierno, Ramón Socías, aseguró ayer que cuando el Govern rechaza la aplicación de la ley nacional en favor de la normativa propia no lo hace en atención a la salud de los ciudadanos sino dentro de la estrategia del PP de oposición al Ejecutivo central.