Castillo anunció que ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma para que «avale» la decisión del Ejecutivo autonómico, que responde a una petición de los representantes de la patronal de la restauración y la hostelería balear. La consellera entiende que su resolución es legal y que forzosamente prevalece la norma balear porque es más restrictiva con el tabaco, ya que obliga a todos los bares y restaurantes que deseen seguir teniendo clientes fumadores a habilitar dos zonas diferenciadas, frente a la del Gobierno central, que establece esta obligación sólo en los de más de 100 metros cuadrados.
«Aplicar la norma estatal es un paso atrás en la lucha a favor de la salud pública», dijo ayer Castillo, y añadió que entiende el por qué «se permite morir en los locales más pequeños» y «no en los más grandes», partiendo de la premisa de que «el tabaco mata».
La consellera recordó que la mayoría de los establecimientos de restauración de las Islas, aproximadamente el 90 por ciento, son de menos de 100 metros cuadrados y que la mayor parte de estos ya ha anunciado que permitirá fumar, teniendo en cuenta que la legislación estatal da a los pequeños locales la oportunidad de escoger.