El teniente de alcalde de Urbanisme, epopular Javier Rodrigo de Santos, presentó ayer los resultados del peritaje encargado por Emaya al Col.legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) para poder determinar las causas por las que habían aparecido grietas en las fincas ubicadas en los números 15, 17, 19 y 24 de la calle Antoni Pons. Cabe recordar que el pasado 11 de noviembre un total de once familias tuvieron que abandonar los pisos en que vivían, en los números 15 y 17, ante el riesgo de un posible derrumbe de los dos edificios. De Santos recordó que el proceso de realojo finalizará en los próximos días, una vez que se ha llegado ya a un acuerdo con las dos familias que aún no vivían en los pisos asignados por Habitatge. Asimismo, reiteró que la prioridad de Cort ha sido dar solución «a un problema humano», y recordó la labor llevada a cabo en este sentido por Serveis Socials, que dirige la popular Margalida Ferrando.
De Santos explicó, conjuntamente con la directora técnica de Urbanisme, Lourdes Bosch, y la gerente de la Emop, Gloria Penalva, que el informe del COAIB concluye que un mal asentamiento del terreno, provocado por las constantes fugas de aguas residuales en los edificios ubicados en los números 17 y 19, habría provocado la rotura de una tubería de Emaya por cuatro puntos los días 10 y 11 de noviembre. Por tanto, la causa básica y esencial de todos los problemas habidos en estos edificios no estaría en dicha rotura, sino en las citadas fugas de aguas residuales, que seguramente llevaban años produciéndose. Acompañaban también a De Santos, la presidenta de Emaya, la popular Catalina Terrassa, y el teniente de alcalde de Habitatge, epopular José Manuel Sierra. Todos ellos se habían reunido previamente con una representación de los vecinos de la calle Antoni Pons. Su portavoz, Miguel Torres, criticó ayer a Cort, al considerar que no ha actuado con celeridad en este caso.
De Santos añadió que el COAIB también hará un peritaje en el número 24 de Antoni Pons, y que Cort está a la espera de que los vecinos que vivían en el número 15 y los que viven en los números 19 y 24 les autoricen a empezar las obras de arreglo de las fincas de manera subsidiaria. Por último, dijo que lo ocurrido «debería servir para valorar iniciativas como la Inspección Técnica de Edificios, nacida hace un año para garantizar la seguridad de todos los edificios de Palma».