El ejercicio de la política lleva inherente, en la mayoría de los casos, muy poco sentido autocrítico. La prueba de ello son las escasísimas dimisiones que se han dado entre los representantes de los poderes públicos desde que se instauró la democracia en nuestro país. Desde esta premisa, son los medios de comunicación quienes han hecho lo que habitualmente no hacen los políticos: analizar su acción desde ese sentido crítico, alabando los aciertos, cuando éstos se producen, pero censurando los errores o la utilización espuria del poder.
Nada debería reprocharse a la acción de los medios informativos si la crítica se ejerce desde la responsabilidad y el respeto, desde la más estricta observancia a la verdad de lo censurado, con la contundencia de pruebas planteadas desde la objetividad de los hechos, sin manipulaciones ni tergiversaciones interesadas.
Ésa es la distinción básica que se debatía en la sesión del Consell en la que se votó una moción de Unió Mallorquina. La propuesta de los nacionalistas no marcaba límites a la libertad de expresión, como dejaron claro todos los portavoces que intervinieron en el debate, ni trataba de poner freno al necesario papel de control que debe ejercer la oposición en las instituciones de todos los sistemas democráticos.
Lo que se censuraba el lunes es un modo de ejercer la libertad de información basado en sembrar dudas, contar medias verdades, tergiversar informaciones en beneficio de oscuros intereses y hasta difamar manipulando la verdad objetiva de los hechos. Ésa fue la esencia del debate planteado el lunes: sí al derecho que tienen los medios de comunicación a ejercer la crítica, pero no a la manipulación y a la tergiversación informativa.