Los tribunales de Balears siguen asumiendo una elevada carga de trabajo que mantiene colapsadas varias instancias, especialmente, la contenciosa administrativa. El año judicial 2005 superará los 200.000 asuntos tramitados en los juzgados (197.000 en 2004) debido al notable incremento de los recursos presentados por ciudadanos extranjeros en situación irregular. Asimismo, está previsto que las causas pendientes de resolución superen este año las 60.000, en un déficit que ya amenaza en convertirse en «crónico». La jurisdicción penal es, con diferencia, la que más asuntos asume, con cerca de 160.000 casos, pero pese a importante carga de trabajo los juzgados de instrucción de Palma lo están resolviendo bien, con excepción de los dictámenes periciales solicitados durante la fase de investigación. También, es particularmente llamativa la especial situación del juzgado de lo Penal 8, encargado de ejecutar todas las sentencias penales de los restantes de su clase. La mayoría de las ejecutorias están demorando, como mínimo, un año, lo que supone un retraso inadmisible en la Administración de Justicia.
En el orden civil, la principal preocupación de los operadores jurídicos se centra en la imposibilidad de celebrar un mayor número de juicios, con señalamientos cada vez más distantes en el tiempo, lo que retrasa «sine die» la mayoría de las causas. La solución sólo pasa por aumentar el número de jueces, «incluso tomando en consideración que el único Juzgado de lo Mercantil para toda la Comunidad Autónoma, por cierto insuficiente según todos los indicadores, descargará relativamente a los restantes juzgados civiles», según señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa, en la Memoria Judicial de 2004.Pero, el aumento constante de la población también influye. Además del crecimiento del censo de extranjeros, se une en verano, la del número de turistas y ello repercute en la actividad judicial. Asimismo, una vieja aspiración de la Administración de Justicia de Balears, el traspaso de las competencias, sigue paralizada debido a que el Gobierno central se muestra reticente a dotar ese traspaso de las debidas contraprestaciones económicas. El propio Terrasa se ha pronunciado sobre esa cuestión: «Las transferencias en materia de Justicia a nuestra Comunidad Autónoma asegurará un conocimiento más exacto de las necesidades, permitirá una distribución de recursos más ágil, y favorecerá una más perfecta identificación con nuestra realidad cultural, lingüística y social, a la que servimos como patrimonio común dado que entre todos la vamos construyendo», ha señalado.