Inspectores de la Direcció General d'Agricultura intervinieron, en días pasados en el puerto de Palma, un contenedor con 17.640 botellas de vino, distribuidas en 1.470 cajas precintadas, cuyo destino era su comercialización ilegal durante la próxima Navidad. Todo ese volumen de vino ocupaba el contenedor entero. Según ha podido saber este periódico de fuentes solventes, las botellas de vino llegaron a Palma procedentes de la Península sin número de lote, sin etiqueta ni documentación referida al producto ni al exportador. Sólo el embotellador ha sido identificado por la información contenida en los tapones. Las investigaciones apuntan a que las más de 17.000 botellas iban dirigidas a un almacén de distribución y venta, donde, supuestamente, iba a desarrollarse una práctica de comercio paralelo e ilegal entre particulares, un auténtico «mercado negro» del vino.
Los responsables de la investigación sospechan que todo este volumen de vino corresponde a sobrantes o excedentes que no se han podido comercializar con el sello de una denominación de origen de la Península. Habitualmente, las denominaciones de origen aprovechan el 65 ó el 70 por ciento de cada cien kilos de uva para producir vino de la calidad suficiente para ser comercializado bajo este distintivo de calidad. Sin embargo, el resto es sometido a prensados sucesivos para ser vendido como vino de mesa, con su correspondiente etiqueta, o, como en el caso que nos ocupa, con una calidad todavía menor, de manera ilegal y clandestina. Aunque las investigaciones siguen esta línea, no se puede descartar que el responsable sea, simplemente, un productor de baja calidad que ha intentado «colocar» su producto donde ha podido.
Sin embargo, por el momento tiene más peso la hipótesis de un comercio ilegal de vino «malo» que es ofrecido como caldo de una superior calidad, intentando convencer al cliente de que se ha conseguido de manera clandestina. Los investigadores creen que el presunto receptor del vino, que sería, si se confirma que es él, reincidente en este tipo de prácticas, iba a vender el vino a unos 3 euros por botella, teniendo en cuenta de que lo iba a ofrecer como un producto de superior calidad a bajo precio. A partir de aquí, se puede calcular la sanción aplicable en este caso. A 3 euros por botella, el volumen de vino interceptado alcanzaría un valor en el mercado negro de 52.920 euros. La sanción aplicable podría llegar a ser de ese valor multiplicado por cinco, es decir, 264.600 euros. El vino interceptado será destruido.