La consellera de Presidència, Rosa Puig, aseguró ayer que retiraría el recurso judicial que ayer mismo interpuso en contra del Ministerio de Asuntos Sociales, «en cuanto el Gobierno comience a pagar lo que nos debe con cargo al convenio para la construcción de residencias y centros sociales».
Además, la vicepresidenta del Ejecutivo Rosa Estaràs recordó como el propio delegado del Gobierno, Ramon Socías, acudió al inicio de las obras del antiguo Hospital Militar de Palma. «Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo porque cuando ellos procedan a ingresar este dinero no tenemos ningún interés en tener ningún procedimiento judicial abierto», precisó Rosa Puig quien indicó que defendía los intereses de Balears.
El convenio de la discordia, de la época de Zaplana, afecta a la habilitación de un centro residencial de larga estancia en el Hospital Militar, la construcción de un centro para grandes discapacitados físicos en Joan Crespí, la edificación de una residencia y un centro especializado en Santa Eularia, y de una nueva residencia para enfermos de alzheimer en Marratxí.