Un convenio del Ministerio de Asuntos Sociales se ha convertido en el nuevo punto de fricción entre las Administraciones central y autonómica.
Ayer el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales emitió una inusual nota de prensa dando por rotas las negociaciones sobre un convenio para la construccioón de residencias sociales.
El Gobierno culpa a la consellera Rosa Puig de la ruptura por «cumplir su amenaza» de llevar a los tribunales al Ministerio.
El Gobierno central defiende que el Ministerio «ha cumplido escrupulosamente» el convenio de colaboración suscrito en marzo de 2004, por el que las dos administraciones se comprometían a construir cinco centros especializados por personas mayores y otros tantos para discapacitados, que debe ejecutar el Govern balear.
Mediante este acuerdo, el Imserso se comprometió a aportar 25 millones de euros, distribuidos en cinco anualidades (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008), y el Ejecutivo autonómico, la misma cantidad, a entregar en los años 2005, 2006, 2007 y 2008.
El Ministerio afirma que el Imserso destinó en 2004 los cinco millones correspondientes en virtud de este compromiso, pero que el Govern no los ha utilizado para la construcción de las residencias.
En concreto, afirma que en febrero de 2005 detectó, «entre otros incumplimientos», la «ausencia de inversión de la aportación realizada por el Gobierno central anteriormente referida», ante lo cual decidió convocar la comisión de seguimiento del convenio, durante la cual se decidió que la Comunidad enviaría una memoria justificativa de las actuaciones realizadas a cargo de la citada cifra.