El Govern balear tendrá capacidad sancionadora, ahora no la tiene, cuando entre en vigor una nueva ley que ayer anunció la consellera de Presidència i Esports, Rosa Puig, y que unificará toda la normativa autonómica y estatal sobre menores. Cuando el Ejecutivo detecte casos que supongan riesgo o desamparo hacia el menor (malos tratos físicos o psíquicos, abusos, mendicidad obligada, etcétera), podrá interponer sanciones, previsiblemente (este punto está aún por determinar) a través de la Oficina del Defensor del Menor. Este departamento, aparte de recibir las denuncias o investigar de oficios, se limita ahora a poner los hechos en conocimiento de la Delegación del Gobierno que es quien puede incoar las sanciones. Una vez la ley sea aprobada, el defensor del menor pasará a tener competencias propias para imponer sanciones en casos de desamparo o riesgo, que en 2004 ascendieron a 450.
«El objetivo es garantizar a los menores una atención de calidad, mejorando la coordinación entre los servicios sociales de Atención Primaria, los primeros en detectar casos de abusos o de maltratos, y los centros especializados», señaló ayer la consellera Rosa Puig que explicó que el proyecto de ley será sometido a la consideración del resto de conselleries y de las organizaciones sociales, además de a los consells insulars que tienen competencia sobre las adopciones. En la actualidad, los menores de las islas se rigen por los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución para todos los españoles, pero no existe un decálogo de derechos específicos para ellos. Además, ni ayuntamientos ni consells tienen capacidad punitiva.
Según el defensor del menor, Gaspar Rul.lan, multas por vulneración de los derechos del menor irán desde los 3.000 euros para faltas leves, hasta cantidades superiores a 30.000 euros, en casos muy graves. Durante el pasado año, la Oficina del Defensor del Menor, realizó 450 actuaciones (incluidas las respuestas a consultas) sobre menores en posible situación de riesgo o de desamparo. En cuanto al tratamiento de menores infractores, el borrador cuenta con una regulación de los centros y servicios que precisa, entre otros, aspectos como la titulación del personal que trabaja con los chicos y chicas, los equipamientos materiales de los centros o los proyectos educativos de los mismos, lo cual supondrá una garantía de igualdad de trato para todos los menores en esta situación, subrayó Rul.lan. Puig inauguro la semana pasada la ampliación de Es Pinaret, que acoge a menores infractores.