La actual Administración norteamericana ha dado de nuevo muestras del desprecio que siente por la legalidad internacional. Se ha sabido ahora que desde Washington se ha rechazado informar al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los presos detenidos en Irak, Afganistán y Guantánamo. Y para más inri, la respuesta negativa ha tardado 15 meses en producirse. En efecto, en julio de 2004 el citado comité solicitó a Washington información sobre el estatus jurídico y el trato dispensado a los presos detenidos por las tropas nortamericanas fuera de sus fronteras, y hasta el pasado día 21 de octubre no recibió respuesta. Argumentan desde el Gobierno de EEUU que tanto el estatus jurídico como el trato que reciben los prisioneros está regido por las leyes de la guerra y que, por tanto, escapa a las atribuciones del comité. Se trata de un argumento tan sorprendente como falaz, puesto que cada uno de los 154 Estados signatarios del pacto está obligado a informar regularmente al comité en lo referente a la situación de los derechos humanos de los detenidos, sin especificarse si éstos se hallan en el interior de su territorio o en el extranjero. Pero Bush parece pensar que las leyes internacionales no obligan a los poderosos Estados Unidos, como lo prueba también el hecho, ahora conocido, de que su país mantenga prisiones ocultas y sin estar declaradas como tales en países extranjeros. Estamos, pues, ante los últimos episodios de una serie de desprecios a la legalidad que la comunidad internacional no debería pasar por alto. Piénsese, por ejemplo, que en la base cubana de Guantánamo, entre el medio millar de presuntos talibán y miembros de Al Qaeda -que esperan desde 2001 a que se formulen cargos contra ellos-, en los últimos 20 meses se han producido 36 intentos de suicidio . No es bueno para nadie que el país que comanda en Occidente dé pruebas de tan escaso respeto a la ley y las convenciones.
Editorial
Desencuentro entre
EE UU y la legalidad internacional