Aprovechando su publicación por el BOE, el pasado lunes, el delegado del Gobierno Ramón Socías difundió ayer un convenio suscrito entre la Administración Central y el Ejecutivo de las Islas y que prevé aportar 4,4 millones en medidas de atención a los inmigrantes.
Además, en clara respuesta a la creación de una conselleria específica para la Inmigración, el delegado del Gobierno resaltó que la mayor parte del dinero lo pone la Administración Central y aprovechó su comparecencia para cuestionar los objetivos de la nueva conselleria y, sobre todo, que también se ocupe de las casas regionales.
«Ningún español que ha elegido Balears para vivir es un inmigrante y me preocupan mucho algunas declaraciones, incluso de la propia consellera, que generan confusión», dijo.
En este sentido, el delegado del Gobierno hizo hincapié en la contradicción que a su juicio supone que el PP defienda, con motivo de su oposición a la propuesta de reforma del Estatuto catalán, que «España es una sola nación» y que después considere como inmigrantes a los ciudadanos del resto de comunidades autónomas, en contra de la definición del diccionario.