La vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, aseguró ayer en el Parlament que IB3 tendrá un coste por habitante el próximo año de 38 euros, lo que la convierte en una de las televisiones autonómicas más baratas del país. Con un presupuesto el próximo ejercicio de 58,4 millones de euros, Estaràs dijo que IB3 tendrá un coste por habitante muy inferior a televisiones como la vasca, la gallega y la valenciana. El canal vasco tiene un presupuesto por habitante de 72 euros frente a los 42 euros del canal gallego y los 56 euros de Canal 9. Además, Estaràs subrayó durante la presentación de los presupuestos de su departamento que IB3 sólo tiene una plantilla de 90 personas, muy lejos de los 9.500 trabajadores de RTVE o los 1.500 empleados de TV3. La vicepresidenta del Govern concretó que IB3 apenas cubre el 70 por ciento de la plantilla aprobada por el Consejo de Administración del ente. «No entiendo que ustedes -a la oposición- apoyen que Catalunya tenga su propio canal autonómico y no se opongan a IB3», criticó Rosa Estaràs durante su comparecencia parlamentaria. La «número dos» del Govern recordó que cuando cogió el relevo del Pacte encontró un proyecto audiovisual similar al de IB3, algo que Pere Sampol, entonces vicepresidente del Ejecutivo, negó categóricamente. De hecho, la oposición denunció que IB3 lleva camino de acumular un déficit económico «insostenible» ya que, en apenas dos años de funcionamiento, la deuda alcanzará los 75 millones de euros. Estaràs precisó que en la actualidad el déficit de IB3 asciende a 36 millones, muy lejos de los más de 1.000 millones de deuda que arrastra TV3. Pilar Costa, diputada socialista, lamentó que «ni el elevado endeudamiento de IB3 ni el presupuesto del ente sirvan para garantizar el pluralismo informativo» del canal autonómico balear. Miquel Rosselló, de Esquerra Unida-Els Verds, aseguró que comparar IB3 con otro canal autonómico es «absurdo» y dijo que la televisión balear no era, en absoluto, de calidad.
Durante su comparecencia, Estaràs explicó que el Govern exige 60 millones en inversiones en materia de justicia, como adelantó este periódico, para asumir las competencias.