J.T.B./EFE
El PSIB, el PSM y Esquerra Unida-Els Verds coincidieron ayer en su
rechazo al proyecto de Presupuestos de la Comunitat Autónoma para
el próximo año. Consideran que incrementan el endeudamiento, que no
responden a políticas sociales y que suponen un aumento de la carga
impositiva.
En relación al proyecto de Presupuestos, Joana Lluisa Mascaró, consideró que se ha «desacelerado el ritmo desenfrenado de endeudamiento», pero señaló que no ha bajado sino que ha aumentado en 400 millones de euros y alcanzado, desde el 2003, los 3.591.763.073 euros.
El PSIB-PSOE, por su parte, anunció que presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas autonómicas de 2006 por la «ilegalidad» de su política tributaria, su falta de contenido social y por la disminución del dinero que reciben los departamentos que deben influir en la mejora de la productividad.
La portavoz socialista, Francina Armengol, y el diputado Francesc Quetglas cuestionaron la legalidad de las nuevas tasas que contiene el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos, especialmente de las vinculadas al nuevo impuesto sobre el alquiler de vehículos.
Quetglas añadió que los presupuestos cumplen «formalmente» con el compromiso de reducir la deuda de la Comunidad Autónoma de forma paulatina, pero que no lo hace por medio de los mecanismos descritos en el Plan de Equilibrio Financiero 2006-2008, sino que lo consigue a través del aumento de la presión fiscal.
Esquerra Unida, por su parte, además de rechazar los Presupuestos, pidió al Govern el establecimiento de «medidas efectivas» que garanticen el derecho de acceso a una vivienda y, para ello, sugirió al Ejecutivo que expropie los pisos desocupados permanentemente.
Miquel Rosselló y Miquel Angel Llauger reclamaron al Govern que evite la existencia de pisos desocupados de manera permanente.
Según esta coalición, la actuación del Govern en materia de vivienda se ha limitado prácticamente a poner en marcha la Hipoteca Joven, una iniciativa con aspectos positivos para EU-EV, pero que «no responde a las necesidades» de la mayoría de la población.
Por eso, la coalición «rojiverde» sugiere que se apliquen actuaciones «decididas» y anuncia la presentación en el Parlament de una proposición para aprobar una ley autonómica sobre el derecho a la vivienda, que incluya la expropiación.