La Delegación del Gobierno en Balears no tramita ninguna solicitud de arraigo laboral o social de extranjeros desde el pasado mes de julio, circunstancia que repercute en la carga de trabajo que están soportando los dos juzgados de lo contencioso de Palma.
El «cuello de botella» en la Delegación de Gobierno afecta a cientos de peticiones de inmigrantes, que intentan acelerar sus respectivas demandas acudiendo al juez.
La coordinadora de Extranjería del Colegio de Abogados, Margarita Palos, confirmó a este diario que los recursos están paralizados desde hace cuatro meses, y el portavoz de la Delegación de Gobierno, Jordi Bayona, explicó que esa situación se ha producido porque los funcionarios de extranjería, han tenido que atender más de 21.000 solicitudes de normalización en tres meses. Por ello, algunos servicios, como el que atiende las peticiones de arraigo social o laboral, han quedado desasistidos, circunstancia que se resolverá en los próximos días ya que el proceso de normalización finalizó hace un mes, dijo Bayona.
Los juzgados
Palos subrayó que la situación planteada en la Delegación de
Gobierno repercute de forma directa en los juzgados de lo
contencioso, que deben atender cientos de recursos que, en
condiciones normales, deberían ser resueltos por la entidad que
dirige Ramón Socías.
La Delegación de Gobierno tuvo que poner en marcha un operativo especial el pasado mes de febrero, de 90 días de duración, para intentar evitar, sin conseguirlo, las colas de inmigrantes antes las oficinas habilitadas especialmente para desarrollar esa actividad.
Una vez concluido el proceso de normalización, unos 30.000 inmigrantes que llevan trabajando en España «sin papeles» en los últimos seis meses de 2004 se incorporarán al mercado laboral de las Islas con todos sus derechos.
Este hecho repercutirá en los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. Balears es «un gran receptor de inmigrantes», que representan cerca del 13% ciento de la población. La mayoría de las personas que se han acogido al proceso de regularización en las Islas proceden de Ecuador, Colombia y el Magreb.
El reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería estableció un periodo extraordinario y único de «legalización» por arraigo. De los trámites, y por tanto de las colas, tuvieron que encargarse los empresarios, que acreditaron el vínculo laboral con los inmigrantes. La única excepción fue el servicio doméstico cuando una persona trabajó para más de un empresario.
Normalización. Segun el nuevo reglamento de extranjería, los empresarios o empleadores que pretendían contratar a un extranjero podían solicitar que se les otorgase una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, siguiendo varios criterios establecidos.
Empadronamiento. El trabajador debía figurar empadronado en un municipio español, al menos, con seis meses de anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/200, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Proceso. El proceso de regularización de trabajadores inmigrantes en la Delegación del Gobierno, que dirige Ramon Socías, no cierra las vías para residir y trabajar en España de forma legal, ya que no es sino una disposición transitoria del reglamento de ley de extranjería.
Visado. Para facilitar la inmigración legal, la principal novedad del texto de la nueva reforma de la Ley de Extranjería española es la supresión de aquellos trámites que resulten innecesarios, por lo que el visado podrá tener la consideración de permiso de trabajo o residencia.