El president del Govern, Jaume Matas, aseguró ayer en presencia de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que la modificación del Estatut catalán puede poner en peligro el sistema político a través de «una reforma constitucional encubierta». «Es inaceptable que la reforma de la Constitución española se plantee para satisfacer posturas nacionalistas radicales y para dar cobertura a un proyecto de estatuto concreto», dijo Matas en la clausura de las XI jornadas de letrados del Tribunal Constitucional que se celebró en el hotel Valparaiso de Palma.
Para Matas, «no se pueden invertir las reglas del juego y poner en peligro la estabilidad de nuestro sistema político a través de una reforma encubierta cuya única finalidad sea hacer posible una reforma estatutaria a medida, negociada bilateralmente y sin tene en cuenta los intereses y necesidades del conjunto de la ciudadanía».
El president del Govern entiende que la Constitución es la que debe marcar los ritmos y posibildades de los estatutos de autonomía, y no al revés. «Y es aquí donde quiero volver a situar mi propuesta del pasado lunes en Madrid, planteando la necesidad de tomarnos un tiempo, hasta que esto se aclare, estableciendo una moratoria en la aprobación, que no en la tramitación, de los proyectos de reforma de los estatutos», repitió el president del Govern. Matas planteó que las concesiones que el Gobierno de España decida hacer a una comunidad autónoma, en alusión a Catalunya, no pueden ser a costa «de los intereses de los demás ciudadanos, al menos, de los de Balears». «Apenas iniciado el siglo XXI, España vuelve a vivir unos momentos especiales que requieren una claridad de ideas, fortaleza de espíritu y lealtad a una Constitución y a un país que, en las últimas décadas, nos ha aportado el periodo de paz más prolongado de nuestra historia, nos ha situado entre las naciones más prósperas y nos ha convertido en paradigma de la transición política», defendió el jefe del gabinete autonómico. Por este motivo, Matas considera que el Tribunal Constitucional debe jugar un «rol decisivo» en este momento histórico.
En presencia de María Emilia Casas, Matas opinó que la conveniencia de abordar una reforma estatutaria no significa someter al Estado y a la Constitución que le ampara «a un peligroso proceso de debilitamiento».
Previamente, el presidente Jaume Matas consideró lógico que la aprobación de la reforma del Estatut se debe paralizar en el Parlament y no en las Cortes Generales a la espera de que se apruebe el texto estatutario catalán. «En estos momentos se puede tramitar el texto con normalidad, pero es evidente que lo que suceda con el Estatuto de Cataluña nos va a afectar», añadió el presidente balear.
Sobre este mismo asunto, la presidenta del Tribunal Constitucional, que también participó en la clausura de las jornadas celebradas en el hotel Valparaiso, recordó que los estatutos están «subordinados» a la Constitución» aunque eludió referirse a la polémica suscitada por la reforma estatutaria de Catalunya. «El Tribunal Constitucional siempre ha reconocido el papel relevantísimo que tienen los estatutos de autonomía como primera norma de cada ordenamiento autonómico y como norma institucional de cada Comunidad Autónoma sujeta a las determinaciones de la Constitución», declaró.
Sobre este mismo asunto, el portavoz del PP balear, Miquel Ramis, consideró ayer «de sentido común» la propuesta del presidente del Govern, Jaume Matas, para establecer una moratoria en la aprobación de las reformas de los estatutos de autonomía hasta que se vea qué pasa con el catalán.
En conferencia informativa, Ramis recalcó que en el PP «no existen dos discursos distintos» sobre la reforma del Estatuto, porque su partido respalda la iniciativa de Matas de paralizar la aprobación del balear, según informa Efe.
Sin embargo, opinó que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se ve ahora obligado a cambiar su discurso sobre el Estatut catalán, por lo que, a su juicio, ni sus socios de gobierno «se pueden fiar de él».
A propósito de la reforma del Estatut, PSIB-PSOE y EU-EV pusieron ayer como condición fundamental para seguir debatiendo la reforma del Estatuto en la ponencia parlamentaria que el texto recoja el número de diputados para cada circunscripción, como medida para evitar que el gobierno de turno pueda modificar esa cifra según sus intereses.
En este sentido se manifestaron los diputados del PSOE balear y de EU-EV en el Parlament, Francesc Quetglas y Miquel Rosselló, respectivamente, tras las declaraciones de la vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás, en las que muestra su preferencia por que el texto estatutario no recoja esa cifra.
Los socialistas y los rojiverdes pretenden «blindar» la actual composición del Parlament en el Estatuto para evitar que se pueda modificar esta distribución simplemente cambiando una ley como la electoral, para lo cual se exige una mayoría menor que una reforma estatutaria.
«El ambiente actual no tiene el suficiente clima de confianza político como para que nos fiemos de promesas», dijo Miquel Rosselló a este respecto, tras recordar lo que sucedió con el ex presidente Gabriel Cañellas, que meses antes de unas elecciones modificó la ley electoral para elevar del 3 al 5 por ciento la frontera de votos para obtener representación en la Cámara balear, a juicio de EU-EV para perjudicar a los partidos pequeños como UM.