La Conselleria de Salut i Consum ha recibido, desde que entró en vigor la Llei de Drogodependències i Altres Adiccions el pasado 10 de julio, 35 denuncias derivadas de la aplicación de las nuevas medidas contra el tabaco, que han derivado en la apertura de 28 expedientes que está instruyendo la Direcció General de Salut Pública.
Así lo confirmó ayer la consellera de Salut, Aina Castillo, después de presidir la comisión institucional de seguimiento sobre la aplicación de la normativa formada por representantes de Vicepresidència del Govern, Conselleria de Salut, los tres consells insulares y el Ajuntament de Palma.
Castillo concretó que, de las 35 denuncias, 28 procedían del aeropuerto y han sido presentadas por la Guardía Civil. Señaló también que siete de las 35 no derivaron en la apertura de un expediente ya que, tras recibir las denuncias, los inspectores de la Conselleria de Salut comprobaron que no había motivo que las justificase.
Por su parte el director general de Salut Pública, Antoni Pallicer, explicó que ya han mantenido varias reuniones con los responsables del aeropuerto de Son Sant Joan sobre esta cuestión y que ellos les han confirmado que el mantenimiento de las papeleras con cenicero en sus instalaciones llevan a confusión a los usuarios, que piensan que aún se puede fumar, una cuestión que el aeropuerto está tratando de solventar.
Por otra parte la consellera dijo ayer que se ha firmado un convenio con los responsables de salas de fiestas y discotecas de las Islas, con la intención de llevar a cabo acciones formativas para su personal para prevenir el consumo de drogas.
Drogas
La consellera destacó la importancia de actuar en este tipo de
establecimientos, puesto que las salidas nocturnas son uno de los
principales focos de consumo de drogas entre los jóvenes.
Por su parte el coordinador autonómico de drogas, Bartomeu Jaume, explicó que gracias al acuerdo se darán charlas informativas y cursos de primeros auxilios al personal de estos establecimientos para que sepan cómo actuar en caso de que haya indicios de que algún cliente ha consumido drogas.
En la reunión de ayer también se informó de la reubicación de los centros de atención a los drogodependientes (CADS) en los centros de salud; la publicación de guías de recursos e informativas y del buen funcionamiento de CRIDA, servicio por el que se informa a los ciudadanos.
La consellera de Salut i Consum manifestó ayer que su departamento continúa con la intención de elaborar una ley autonómica de alcohol pero que «estamos un poco a la espera de lo que decida el Ministerio de Sanidad» que también ha anunciado la elaboración de una ley estatal sobre esta materia.
«Nosotros no renunciamos a la ley autonómica», puntualizó Castillo, aunque matizó que se trata de intentar consensuar al máximo esta cuestión «en la que no hay colores políticos de ningún tipo» y que beneficaría a todos los ciudadanos.