El Govern balear dedicará aproximadamente siete millones de euros al primer año de desarrollo de las medidas contenidas en el Plan de la Inmigración (vigente hasta 2009), que fue aprobado el viernes, y que ayer concretó la consellera Rosa Puig. Acompañada de la directora general de Servicios Sociales, Maria Luisa Capó, la consellera Puig destacó que los ayuntamientos y los consells de cada Isla tienen asignado un papel relevante en la puesta en práctica de estas medidas (ochenta y una, enmarcadas en nueve ejes de actuación) y avanzó que la primera línea de subvenciones del plan serán gestionadas por estas entidades. La consellera indicó que «de forma inmediata», en colaboración con consells y ayuntamientos, se pondrá en marcha esta línea de subvenciones, por valor de 1,7 millones de euros, para proyectos de acogida, formación e igualdad de género.
El Plan de Inmigración, que añade una treintena de actuaciones a las propuestas que ya aplica el Ejecutivo balear, ha sido consensuado con las diferentes asociaciones de inmigrantes y tiene la particularidad de aprobarse una vez finalizado el proceso de regulación laboral que ha dado «papeles» a miles de personas que trabajaban en la economía sumergida. Un Observatorio Permanente de la Inmigración y la creación de un Mediador entre la Administración y la población inmigrada (una suerte de «defensor del inmigrante», según lo definió Puig) son algunas de las novedades del plan. Este «defensor» será un técnico de la Dirección General de Servicios Sociales. La consellera tiene previsto reunir hoy a Foro de la Inmigración (que reune a diferentes colectivos) para aclarar algunas dudas sobre el plan.
Una 150.000 personas, aproximadamente el 15% de la población balear, son receptoras potenciales de las medidas contempladas en el plan, dijo la consellera que, además, destacó la condición de fenómeno «estructural» de la inmigración, por tratarse de un colectivo que deja su país por causas económicas y que viene con la intención de instalarse en Balears de forma permanente. Según detalló la consellera, del total de la población inmigrante regularizada residente en las islas, un 8,3 por ciento proviene de un país no comunitario, y de estos, un 53,9 por ciento es originaria de América del Sur, siendo Ecuador, Colombia y Argentina los países que más inmigrantes emiten hacia el archipiélago. Del resto, un 23,4 por ciento proviene de un país africano, sobre todo, de Marruecos, y solamente un 5 por ciento proviene de Asia. Asimismo, del estudio realizado por el Govern, que permitió la elaboración del plan, de cuatro años de vigencia, se desprenden dos fenómenos nuevos. Por un lado, el aumento «espectacular» de la población sudamericana, y por otro, la «feminización del proceso migratorio», señaló.