La ministra de Medio Ambiente, la socialista Cristina Narbona, declaró ayer en Cabrera, donde presenció y participó en una suelta de tortugas marinas, que «el caso de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins no tiene precedentes. Hay piscinas con concesiones antiguas que ya han caducado y otras ilegales, pero este caso es singular y ha habido que estudiarlo muy a fondo porque se trata de una concesión vigente en la que se tiene que garantizar el acceso público, ahora suspendido».
Narbona recordó que «Pedro J. Ramírez ha tenido tres meses para presentar al Ministerio de Medio Ambiente una propuesta con medidas para hacer efectivo el uso público de su piscina. En esa propuesta se tiene que garantizar la accesibilidad y la seguridad de esa zona. Aunque el periodista presentó una solicitud de uso privado, esa petición fue rechazada, ya que no hay uso privado posible en el dominio público marítimo-terrestre, tal como establece la Ley de Costas».
Si bien el uso público de la piscina del periodista está ahora suspendido, esta situación es provisional y se vincula a la presentación de una propuesta de accesibilidad y seguridad, que deberá ser estudiada y aprobada por el Ministerio. Mientras tanto, según indicó la ministra, «el uso privado es compatible con la condición de zona de dominio público».
Cristina Narbona se mostró muy consciente de que la polémica sobre la piscina del periodista madrileño ha tenido repercusiones entre la opinión pública y por ello justificó la necesidad de «hacer saber a los ciudadanos de Balears que el uso público de esa zona de la Costa dels Pins ha sido suspendido provisionalmente, lo que implica a su vez la suspensión, igualmente temporal, del derecho de paso. En su estado actual, no hay condiciones de seguridad y accesibilidad en esa zona para garantizar el uso público y eso es lo que el titular de la concesión, en este caso el señor Ramírez, debe solventar». Aquí, la ministra quiso ser más gráfica y dijo que «el acceso público y el derecho de paso no se pueden ejercer trepando por las rocas».
La máxima responsable estatal de Medio Ambiente no quiso opinar sobre las denuncias judiciales presentadas, por una parte y otra, tras el intento, el pasado 13 de agosto, de un grupo de personas de ejercer su derecho de paso y uso público de la piscina de Ramírez. Como se recordará, PSM, ERC, EU, Els Verds, GADMA y el Lobby per la Independència denunciaron al periodista y a tres de sus vigilantes privados por lesiones y amenazas.
Por su parte, el periodista se ha querellado contra las personas que intentaron ejercer el derecho de paso y uso público, y contra el delegado del Gobierno, Ramon Socías, y la Guardia Civil por denegación de auxilio durante aquellos hechos. En este sentido, Narbona no valoró «un asunto que compete a la Administración de Justicia». Ante la calificación de «radicales», por parte de algunos sectores, contra quienes intentaron el 19 de agosto acceder a la piscina, Cristina Narbona recordó que «ecologistas que fueron tildados de radicales hace décadas han hecho mucho por la conservación en España y así hay que reconocerlo. Desgraciadamente, nuestro país todavía sufre un retraso respecto a otros países en la valoración de sus ecosistemas».