Cuando sólo falta un año para que se conmemoren los setenta desde el inicio de la Guerra Civil española, la organización internacional de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional ha creído necesario abordar esa tragedia que desgarró nuestro país y cuyas consecuencias se arrastraron durante décadas. En efecto, si todos hemos criticado en algún momento las leyes de obediencia debida, de perdón y de silencio forzoso que se han promovido en algunos países latinoamericanos para propiciar un paso lo más cómodo posible desde la dictadura a la democracia, en pleno siglo XXI la sociedad española debería hacer un esfuerzo para pasar la página más negra de su historia.
Tres mil ciudadanos de estas Islas fueron asesinados o desaparecieron durante la contienda, según las cifras aportadas por Amnistía Internacional, y muchos de sus familiares no pudieron nunca recuperar sus cuerpos o conocer cuál fue su destino. Luego están quienes perdieron sus bienes, sufrieron persecución, torturas y presidio, tuvieron que exiliarse...
Y si bien nuestra transición política facilitó que cuarenta años de dictadura quedaran atrás y que España se encaminara de forma firme y decidida hacia la democracia y la modernidad, parece razonable mirar hacia el pasado con imparcialidad y con seny. Lejos de reivindicar venganzas -los hechos quedan demasiado atrás-, sí que es necesario pedir justicia para todas las víctimas, de los dos bandos, pues en ambos se cometieron atrocidades. Para reconstruir los hechos, dilucidar culpabilidades y restablecer la justicia será necesaria la participación de todos los grupos políticos, sin rencillas, y la asistencia de historiadores, supervivientes y familiares, quizá en una suerte de «comisión de la verdad» como la que reivindica el juez Garzón.