Todo el tráfico marítimo nacional de línea regular exceptuando el interinsular es sometido desde ayer a controles de pasajeros y mercancías, tal y como sucede con el internacional, de acuerdo con lo estipulado en el nivel 1 del reglamento relativo a la Mejora de la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias de la Unión Europea.
En virtud de esta normativa, la Policía Portuaria y la Guardia Civil controlan el acceso de los pasajeros y sus equipajes mediante escáner y examinar de forma aleatoria los coches y camiones que embarquen en todas las rutas españolas. Las navieras solicitan a su vez el DNI como requisito para la expedición de la tarjeta de embarque, tal y como sucede en los aeropuertos, mientras que los agentes de la Guardia Civil pueden hacer lo propio en el momento del embarque.
Estas medidas, que obligarán a los pasajeros a acudir a las terminales con unos 45 minutos antes de su salida, han sido introducidas de forma gradual en los puertos de Balears desde el año 2003 en los tráficos nacionales e internacionales, producto de las resoluciones del Comité de Seguridad Portuària constituido en su momento por la Autoritat Portuària de Balears, Policía Nacional, Guardia Civil, Govern balear, y Administración de Aduanas.
El presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Joan Verger, afirmó que no se produjo ninguna incidencia en los puertos de Palma y Maó como consecuencia de la aplicación de estos nuevos controles en los tráficos españoles de línea regular, aunque indicó que en Eivissa todavía se están realizando obras de cerramiento de las zonas restringidas, tal y como sucede en Alcúdia. Destacó que las dificultades operativas se producirían en caso de que el Ministerio del Interior obligase a la Comunitat Autònoma a aplicar los niveles dos y tres de seguridad, «entonces sí que habría serios problemas para cumplir con ello», afirmó.
Verger afirmó que la Autoritat Portuària no ha tenido que ampliar sus medios de seguridad -escáneres- ya que los adquirió hace dos años para realizar los controles sobre el tráfico de cruceros turísticos. Cabe recordar también que la Autoritat Portuària inauguró a finales de año pasado unas instalaciones para el personal policial encargado del control de equipajes, de 100 metros cuadrados, en la Estación Marítima 2 del Port de Palma, que costaron 250.000 euros.
Verger destacó por último que las labores de vigilancia se desarrollarán mediante la colaboración de la Autoritat Portuària de Balears, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Seguridad del Estado.