Que Balears arrastra un problema en la financiación de la sanidad pública es una verdad de perogrullo, pero parece que se están dando los pasos encaminados a resolver este conflicto que enfrenta a las administraciones central y autonómica. Lo que le ha ocurrido a este Archipiélago es que la llegada masiva de inmigrantes ha disparado la población residente, lo que ha venido a agravar la presión sobre un sistema sanitario que ya soportaba un nivel de población flotante -este verano se esperan nada menos que doce millones de turistas en las Islas- elevadísimo.
Al problema poblacional hay que añadir el envejecimiento de gran parte de las infraestructuras sanitarias, que reclaman -el caso más notable es el del hospital de Son Dureta- inversiones y modernización desde hace años.
Sin embargo, el traspaso de las competencias en materia sanitaria, cruciales para diseñar una política autonómica al respecto, se realizaron quizá de forma algo precipitada, sin tener en cuenta el rumbo que Balears podía tomar de cara al futuro. De ahí que ahora el Govern exija una adecuación de la financiación a la realidad actual de la Comunitat Autònoma, encontrándose, claro, con las dificultades que siempre entrañan las relaciones entre gobiernos de distinto signo político.
En septiembre, con la celebración de la Conferencia de Presidentes Autonómicos convocada por Zapatero tenemos una excelente oportunidad para dar un paso adelante en la negociación, que no debe retrasarse más. Con grandes dosis de talante y firmeza en las reclamaciones -porque son del todo justas-, el Govern puede conseguir mejorar la dotación económica de la sanidad balear, que está en condición de inferioridad con respecto a otras autonomías.