Ya es una realidad. España se ha convertido en el cuarto país del mundo que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, terminando con una discriminación secular que privaba de algunos derechos fundamentales a un colectivo, el de los homosexuales, al que pertenecen millones de españoles. Aunque se trata de un logro del progresismo, quizá merecía un mayor esfuerzo de consenso, pues la aprobación con 187 votos a favor en el Congreso, obtuvo 147 en contra, lo que muestra claramente la división social en torno a este controvertido asunto. Pues suele convenir, en este tipo de cuestiones delicadas, obtener un mayor respaldo por parte de distintos grupos, en aras de garantizar la continuidad de la Ley recién aprobada. Que se garanticen los derechos de las uniones de personas del mismo sexo es algo que muy pocos discuten, aunque sí se han escuchado críticas feroces por parte de algunos sectores de la Iglesia católica y de entidades defensoras de la familia tradicional. Hay que convenir aquí en que esta legislación en nada perjudica a nadie, aunque sí es verdad que España es uno de los países que menos protege a la familia. Y en este sentido, por supuesto, hay que seguir exigiendo avances y una financiación generosa de todas las medidas posibles en beneficio de la natalidad y la protección de la infancia.
Hoy es, pues, un día de fiesta para el colectivo gay, que ve cumplido uno de sus más antiguos anhelos, no tanto el poder contraer matrimonio -a la postre es un acto simbólico-, como el ver garantizados idénticos derechos a los que asisten a las parejas heterosexuales en cuestiones tan básicas como tener hijos, heredar el patrimonio o quedarse en un piso de alquiler y obtener una pensión de viudedad cuando fallece el cónyuge.