La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha dado un plazo de tres meses al periodista Pedro J. Ramírez para que presente un proyecto que haga posible el uso público de la piscina que está situada delante de su casa y encima del mar en la Costa dels Pins, y de la cual ha hecho uso exclusivo hasta ahora.
La ministra Cristina Narbona declaró ayer a «El Periódico de Catalunya» que Ramírez deberá formular «una propuesta de accesos, vigilancia y socorrismo, condiciones de seguridad, aforo y un sistema tarifario en el caso que decida cobrar entrada».
La resolución, firmada por el director general de Costas, José Fernández, el pasado 17 de mayo, archiva, asimismo, la denuncia presentada por el activista Jaume Sastre ante la Demarcación. Sastre pedía la demolición de la instalación porque no se cumplían las condiciones de uso público ni se dejaba transitar por la zona.
Que el Ministerio exija ahora un proyecto a Ramírez resulta sorprendente para entender a partir de qué criterios pudo otorgarse la concesión en 2001, cuando Jaume Matas era ministro de Medio Ambiente.
Los motivos que alega el Ministerio para conceder la «moratoria» a Ramírez son «de seguridad», porque se trata de una persona amenazada por ETA.