Hasta el último minuto no estuvo claro el desenlace y fue preciso suspender la sesión plenaria para que todos los portavoces de los grupos se reunieran y pactaran una propuesta que, teóricamente, allanará el camino a la reforma del Estatut. El PP cedió y decidió retirar su proposición no de ley sobre la creación de un consell insular en Formentera y trasladar este debate a la comisión parlamentaria creada exclusivamente para abordar la reforma estatutaria. Para entonces, ya se había celebrado el debate y toda la oposición había anunciado que no participaría en la votación. «No haremos de notarios del entierro de nuestro Estatut», explicó el portavoz del PSM, Eduard Riudavets. Nada aventuraba al inicio de la sesión plenaria que fuera a alcanzarse este acuerdo. Las posturas parecían irreconciliables y el anuncio de Miquel Nadal (UM) de dar apoyo a la iniciativa del PP pese a precisar que el pleno era el lugar más apropiada para presentarla, parecía indicar que se iba a imponer la aritmética parlamentaria.
El diputado 'popular' Josep Mayans, ponente de la proposición no de ley, defendió la necesidad de dotar a Formentera de una institución que amplíe y mejore su autogobierno, cuestión que no entraron a juzgar el resto de los grupos, que centraron sus críticas en la inoportunidad de debatir un tema tan trascendente para la Comunidad fuera del órgano establecido para la reforma del Estatuto. «Formentera quiere estar presente cuando se reparte el pastel en Mallorca, no conformarse con parte de lo que le toque a Eivissa, afirmó el diputado, para quien el consell, además, «abrirá el camino para que la demanda histórica de un senador por Formentera sea una realidad».
Francina Armengol, que el día anterior ya había avanzado que si el PP consumaba su propósito se romperían todas las vías de diálogo, acusó a los 'populares' de romper «las reglas del juego» y le exigió «de forma solemne y contundente» la retirada de su proposición. Armengol, además, reprochó al PP que tras el cambio de mayoría en el consistorio de Formentera, se hubiera decidido traspasar al consorcio de Eivissa (con mayoría del PP) los 12 millones previstos para invertir en la pitiusa menor. Mayans clarificó que pese al cambio, el dinero seguía siendo para Formentera. En su intervención, la socialista Armengol aludió a la «hipocresía» del PP y sin citarlo expresamente, aludió a «otros casos que afectan a Formentera», en alusión al escándalo político provocado por el intento de pucherazo con votos de emigrantes en las elecciones autonómicas de 1999. El PSIB iba a abandonar. Los socialistas tenían muy claro que no asistirían, como señal de protesta, a la reunión sobre el Estatut convocada para la tarde. También habían planeado no moverse de su escaño pero no votar.