«Desconociendo este tribunal la lengua cooficial de la comunidad, preséntense ulteriores escritos en castellano bajo apercibimiento de inadmisión». Esta fue la respuesta que recibió la ciudadana Eva Torras Miracle de la titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Palma, Ana Calado Orejas, tras presentar una denuncia por unas obras de demolición ejecutadas al lado de su casa redactada en catalán.
Este hecho llegó a conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de control de los jueces en España, que decidió actuar de oficio al entender que la jueza de Palma, si se confirman los hechos, podría haber incurrido «en un supuesto delito (denegación de Justicia) y/o falta disciplinaria». La denuncia presentada en ese juzgado de Palma fue rechazada por defectos de falta de asistencia letrada y representación procesal. Además, la jueza advirtió a la ciudadana que presentara los siguientes escritos en castellano «bajo apercibimiento de inadmisión».
La autora de la denuncia considera que sus derechos como ciudadana «han sido violados de forma flagrante» y asegura que «no puede entender que precisamente la Administración de Justicia me trate de forma tan injusta, además de inconstitucional». Asimismo, recuerda que el Estatuto de Autonomía de les Illes Balears afirma en su artículo tercero que «la lengua catalana, propia de las Islas Balears, tendrá, juntamente con la castellana, el carácter de idioma oficial. Todos tienen el derecho de conocerla y usarla y nadie podrá ser discriminado por esa causa».