NEKANE DOMBLÀS/AGENCIAS
La consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, anunció ayer que el
Govern presentará alegaciones para que el Ministerio de Vivienda
modifique el borrador del nuevo plan de vivienda que ha presentado
a las comunidades autónomas. La consellera confirmó que la decisión
de presentar un recurso de inconstitucionalidad no está tomada,
pero se analizará más adelante cuando el borrador se haya estudiado
con más detenimiento por parte de los técnicos del Govern. La
consellera presentó ayer por la tarde el contenido del borrador a
los representantes de la Mesa de Vivienda, que se reúne de forma
periódica cuando se presentan propuestas nuevas por parte del
Ministerio que preside María Antonia Trujillo. De la última
propuesta presentada, el Govern cuestiona algunos aspectos que
modifican la entidad jurídica de las Viviendas de Protección
Oficial (VPO).
El Ministerio de Vivienda quiere que estas viviendas, que ahora pueden venderse a precio libre transcurridos quince años desde que fueron adquiridas, no puedan venderse nunca a precio de mercado, sino que mantengan de por vida el precio tasado. Además, la venta sólo podrá hacerse a aquellos particulares que figuren en un registro de demandantes que deberán poner en marcha las comunidades autónomas. Este es otro de los puntos sobre los que la consellera d'Obres Públiques también tiene objeciones. Mabel Cabrer señaló que estas medidas que plantea la ministra permitirían combatir de forma parcial el fraude que existe en la venta de VPO, pero consideró que la creación del registro resultaría muy «perjudicial» y poco operativo desde el punto de vista de la eficacia administrativa del Govern.
Cabrer insistió en que, por el momento, el Govern presentará alegaciones con la esperanza de que el Ministerio rectifique algunas cuestiones recogidas en el borrador antes de llevar la propuesta al Consejo de Ministros. La consellera d'Obres Públiques espera que la ministra reúna de nuevo a los representantes de las comunidades autónomas para comunicarles la rectificación de estas propuestas. A diferencia de lo que sucede en Balears, ya hay algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP que estudian presentar el recurso de inconstitucionalidad contra este borrador ya que entienden que invade sus competencias. A los problemas que señala Mabel Cabrer, algunos consejeros del PP añaden además el de la creación de la agencia pública de alquiler, que debería ser gestionado por las comunidades y no por el Gobierno. Así lo manifestaron ayer en la comisión general de Comunidades Autónomas del Senado los responsables de la política de Vivienda de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco; de Madrid, Mariano Zabía; de Castilla y León, Antonio Silván; de Murcia, Joaquín Bascuñana, y de La Rioja, Antonino Burgos. Todos ellos anunciaron que estudian el borrador para determinar si finalmente presentan recursos de inconstitucionalidad.