El martes se produjo una votación histórica en el Congreso de los Diputados en la que todos los partidos -con la única excepción del PP- votaron a favor de iniciar un diálogo con la banda terrorista ETA siempre que los asesinos abandonen las armas. Cualquiera puede darse cuenta de que el terrorismo es el mayor problema que ha tenido España desde hace treinta años. Y todos hemos visto cómo los presidentes del Gobierno de la democracia -Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar- han intentado establecer negociaciones tendentes a culminar un proceso de paz que, desgraciadamente, nunca ha obtenido frutos.
De ahí que la idea de José Luis Rodríguez Zapatero de promover contactos con ETA no pueda asustar a nadie, a pesar de que todos los antecedentes nos hacen desconfiar de las intenciones de los asesinos. De momento, ni siquiera se ha anunciado una tregua -como ocurrió cuando negociaba Aznar- y mucho menos el abandono de la lucha armada y la consiguiente entrega de las armas. Únicamente esas condiciones podrían dar carta blanca a la iniciativa de sentarse, frente a frente, en la misma mesa, los representantes del Estado español y los asesinos para establecer las pautas del proceso de paz y reconciliación.
En estos momentos, cuando la banda terrorista sigue activa, no se puede hablar de negociación. Quizá, como mucho, de contactos, aunque la prudencia y, desde luego, el respeto máximo a las víctimas, deben presidir cualquier paso a dar en este difícil camino. Lamentablemente, no se ha conseguido el deseado consenso entre todos los partidos. Es posible que el Gobierno se haya precipitado, pero también es cierto que nunca hasta ahora la oposición había negado su apoyo al Ejecutivo en asuntos de politíca antiterrorista. Ojalá el optimismo de Zapatero tenga alguna base y, en efecto, pronto podamos escuchar el comunicado de la rendición de los etarras. Sólo entonces podrá comenzar un proceso para reinsertar a los violentos en una sociedad en paz.