El fiscal del «caso Parc Bit», Ladislao Roig, solicitó al jurado popular que enjuicia a la ex consellera d'Innovació i Energia Misericòrdia Ramon, y al ex director general del Parc Bit Felio Morey por un supuesto delito de fraude, que dicte un veredicto absolutorio para ambos acusados, ya que «no ve» por ningún lado la prueba de cargo, y eso le viene ocurriendo desde hace cinco años, cuando empezó a investigarse el asunto. El representante del Ministerio Público pidió al tribunal que tenga «sentido común» a la hora de pronunciarse sobre los hechos expuestos en los dos días de juicio, porque «aquí se ha producido una inversión gravísima de la carga de la prueba, es decir, que la única prueba es la no prueba», dijo.
Por otra parte, en su alegato final, la acusación popular ejercida por el PP representado por el abogado Carles Perelló, solicitó una sentencia condenatoria, aunque rebajó la pena solicitada para Ramon y Morey de dos a un año de cárcel. «No hay escritos ni informes realizados por el señor Morey que justifiquen su elevadísimos emolumentos (cobró 55.800 euros en nueve meses), y su contratación se produjo única y exclusivamente porque pertenecía al PSOE», señaló. Mientras tanto, las defensas de Ramon y Morey, ejercidas por los letrados Eduardo Valdivia y Gabriel Garcías, respectivamente, reiteraron al jurado popular sus peticiones de que emita un veredicto absolutorio. «Este asunto no tiene consistencia, es 'kafkiano' porque no sabemos a qué estamos jugando, y está clara la connotación política en este caso», dijo Valdivia.
En el juicio, que ayer quedó visto para sentencia, declararon varios dirigentes del PSIB-PSOE, entre ellos Damiá Cánoves, ex director general de Presidencia del Govern de Francesc Antich, así como ex integrantes del consejo de administración del Parc Bit. Todos ellos, testigos propuestos por las defensa, con excepción de Cánoves, que testificó a instancias de la acusación, declararon que no hubo irregularidad alguna ni en la contratación ee Morey ni en en el sueldo que percibió.