El president del Govern balear, Jaume Matas, declaró por escrito ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Palma para defender a los dos imputados en el «caso Bitel» y estrechos colaboradores suyos, la directora general de Presidencia, Francisca Pascual, y el funcionario, Sebastiá Vallori, negar las acusaciones de espionaje político y arremeter contra las acusaciones, ejercidas por el PSIB-PSOE y Esquerra Unida (EU). «Tal acusación y su gran proyección mediática se planteaba como una batalla política, en la que lo de menos es averiguar la verdad de lo sucedido», dijo Matas en un escrito que fue leído en el juicio.
Matas fue el gran protagonista de la primera jornada del juicio del «caso Bitel», ya que a pesar de que no estuvo presente, los magistrados y las partes personadas pudieron escuchar su versión de los hechos y verle en un vídeo correspondiente a una sesión del Parlament en la que exhibió el polémico documento que sostiene los argumentos de las acusaciones. El «caso Bitel» se inició en 1998 a raíz de una denuncia presentada por el PSIB-PSOE sobre un supuesto espionaje del correo electrónico del socialista Francesc Quetglas. La causa fue archivado en tres ocasiones por un juez, aunque la Audiencia le ordenó que continuara investigado, y más tarde, le instó a que decretara la apertura del juicio oral.
Las acusaciones solicitan para Pascual y Vallori cuatro años de prisión, dieciocho meses de multa y ocho años de inhabilitación absoluta por el supuesto delito de descubrimientos de secretos en la modalidad de mensajes por Internet. El fiscal, por su parte, no acusa. Matas declaró que recibió el polémico documento sobre los planes urbanísticos de los socialista de manos del ex conseller Miquel Ramis, y que éste, a su vez, lo obtuvo del ex director general de Urbanismo, Cristóbal Huguet. Según el PSOE y EU Matas obtuvo el documento del redireccionamiento irregular del correo electrónico de Quetglas», personado como acusación en la causa. Vallori admitió que recibió dos correos redireccionados a su ordenador y que, tras comunicárselo a su superior inmediata, Francisca Pascual, ésta le ordenó que procediera a eliminarlos de inmediato. Pascual, por su parte, alegó que desconocía la identidad del remitente de los dos correos recibidos, que definió como «indebidos» y que por ese motivo era «un estorbo». Quetglas declaró que, para él, no había «ninguna duda» de que el documento exhibido por Matas fue obtenido de forma irregular desde su correo e insistió en que se sitió «ofendido» por la vulneración de su correspondencia.