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El Govern considera pagar alguna carretera que no sufrague el Estado sin llegar a los tribunales

La consellera Cabrer afirma que se trata de una «decisión política» que precisa un acuerdo con el PSOE y Fomento

La llamada narcosala, única dependencia de la Cámara donde se puede fumar los días de pleno, permaneció ayer cerrada.

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El Govern balear busca un acuerdo con el Gobierno central que evite al primero llevar a los tribunales la denuncia del convenio de carreteras. El Ejecutivo parte del convencimiento que hay propuestas viarias con las que los socialistas están de acuerdo y que el Ministerio de Fomento aceptará sufragarlas, pese a la denuncia del anterior, mediante nuevo convenio. La consellera d'Obres Publiques Mabel Cabrer explicó ayer que antes de llegar a los tribunales se negociaran qué carreteras se pueden pagar y que ya han asumido que el Ejecutivo autónomo tendrá que correr con los gastos de algún proyecto. Cabrer dijo que al tratarse de una «decisión política» que excede a su departamento no puede anticipar que obra excluida del nuevo convenio tendrá que pagar. Dijo que el president Matas o la vicepresidenta Estaràs tendrán «la última palabra».

Cabrer hizo estas declaraciones a las puertas del Parlament, cuando abandonaba el edificio tras responder a una interpelación de la diputada Margalida Rosselló (EU-Els Verds) sobre las carreteras. Fue un debate duro en que Rosselló acusó a la consellera de «permitir la destrucción de las Islas» y de «irresponsabilidad política». La consellera acusó a la diputada verde de «estar rabiosa» y haberse quedado estancada en un discurso del pasado. Avanzó que ella misma terminará utilizando la nueva autopista, que ahora rechaza, cuando tenga que ir a Porto Colom y le echó en cara el escaso peso electoral de su formación política.

El pleno de ayer -que se inició con unos minutos de retraso pues, previamente, el príncipe de Asturias había visitado la Cámara- también abordó otras cuestiones, entre ellas la situación de IB3, la televisión autonómica y la regulación del «todo incluido». El PP presentó una proposición no de ley, que fue aprobada con sus votos y los de UM, para crear una ponencia (es decir un grupo reducido de una comisión parlamentaria) que estudiara las repercusiones que tiene en la economía de las Islas la fórmula del «todo incluido» y, si así se estima oportuno, redactar una serie de conclusiones.

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