La dirección nacional del Partido Popular ha iniciado una ofensiva contra la propuesta de financiación de la Generalitat de Catalunya. De nuevo se han desatado las iras de quienes ven en cualquier iniciativa para dar más poder a las comunidades autónomas un torpedo a la línea de flotación del Estado, como ha dicho el presidente del partido conservador, Mariano Rajoy. Se esgrime la acostumbrada acusación de insolidaridad. Se olvida el PP nacional que el Govern de Balears -nada sospechosa de veleidades separatistas- pide prácticamente lo mismo que el tripartito: el 50 por ciento de la recaudación. Con, eso sí, dos importantes salvedades: el Govern de Jaume Matas no aspira a crear una agencia tributaria propia y no pretende una equiparación gradual con el concierto económico del País Vasco. Tanto en el caso catalán como en el balear se garantiza la solidaridad con otras regiones menos desarrolladas. Sería bueno que los grandes partidos españoles, principalmente el PP, hiciesen un esfuerzo para ver las cosas, y en concreto la situación financiera de las autonomías, desde la periferia del Estado. España ha cambiado mucho desde que murió Franco. Se ha desmontado buena parte de la estructura centralista del Estado -con la transferencia de numerosas competencias-, pero no se ha puesto en peligro la unidad española. Y es falso decir que todo ya está transferido. Todas las comunidades autónomas, en sus proyectos de reforma de los estatutos, y cualquiera que sea su color político, se encargan de recordar que hay cuestiones pendientes. La financiación es, con toda seguridad, la gran asignatura pendiente. Por este motivo, es buena la propuesta catalana y acertada la respuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que llevar este asunto a la Conferencia de Presidentes Autonómicos y, entre todos, bucar mejores fórmulas que permitan dar respuesta a los déficits económicos de cada una de las comunidades.
Editorial
Catalunya y Balears quieren mejor financiación