El fiscal de Medio Ambiente de Balears, Adrián Salazar, recurrirá la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Palma que condenó a los hermanos Pedro y Montserrat Barceló, propietarios de Can Barceló, por un delito ecológico con penas menores de las solicitadas por el Ministerio Público. El fiscal solicitaba para los hermanos Barceló, prácticamente, la misma pena, un año de prisión con suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena por el delito de desobediencia y la pena de cinco año de prisión, multa de 30 meses a razón de 180 euros al mes. La Sección Primera de la Audiencia redujo las penas a los hermanos Barceló a diez y siete meses la prisión y a cumplir arrestos domiciliarios de veinte fines de semanas.
Al «casar» la sentencia, el Ministerio Público de Balears persigue el objetivo de que la decisión del Supremo cree jurisprudencia sobre el primer caso de estas características en las Islas, teniendo en cuenta la proximidad del juicio por los vertidos en Can Set. Los análisis realizados por los peritos de la masa de residuos vertidos en la cantera de Can Barceló entre 1980 y 2002, y presentados en el juicio, revelaron la existencia en el subsuelo, entre otras materias, de gases tóxicos (metano), sustancias cancerígenas y aguas fecales. Por ello, los peritos reiteraron ante los magistrados de la Audiencia de Palma el «grave peligro» que esos contaminantes suponen para la salud de los vecinos de la cantera, situada en el término municipal de Palma.
Los testimonios de todos ellos, propuestos como prueba de la acusación formulada por el fiscal fueron categóricos al afirmar que los pozos situados en esa área están «absolutamente contaminados». Por ello, los jueces condenaron a los hermanos Barceló a restituir el paraje afectado mediante la ejecución del proyecto de sellado y restauración de la cantera de Can Barceló.