Los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma resolverán mañana, jueves, en un auto si las actuaciones seguidas en Inverbroker ya son «cosa juzgada» en el «caso Brokerval» o si el delito de insolvencia punible del que se acusa a Francisco Berga, Francisco Tous y Fernando Mulet ha prescrito. Así lo decidió ayer esa Sala en el primera jornada del juicio, tras las cuestiones previas presentadas por los abogados que defienden a los acusados, Juan Thomas, Fernando Mateas y Gabriel Garcías.
El letrado de Berga, Juan Thomas, también alegó una «vulneración de los derechos fundamentales» de su cliente al disponer de muy poco tiempo para preparar la defensa, por lo cual, solicitó la suspensión de la vista. Pero, los magistrados acordaron rechazar esa cuestión. Los abogados expusieron ante la Sala que tras la sentencia, ya firme, dictada por la Sección Primera de la Audiencia por el «caso Brokerval», -por el cual Berga cumple seis años de prisión en la cárcel de Palma y Tous debía ingresar anoche en ese centro penitenciario- el asunto de Inverbroker es «cosa juzgada». También, alegaron que la acusación de insolvencia punible «ha prescrito» debido a que varias de las actuaciones investigadas corresponden a 1989.
El fiscal Juan Carrau se opuso a todas esas cuestiones previas e insistió en su petición de seis años de prisión para Berga y cuatro para Tous y Mulet. Los acusados, según el escrito de acusación del fiscal, durante los años 1989 a 1994, «aprovechando su condición de consejeros delegados y apoderados de Inverbroker llevaron a cabo actos de ocultación de la sociedad, así como en perjuicio de la sociedad y sus acreedores y en beneficio de sociedades y personas próximas a ellos». Añade que los acusados, «manejaron caudales de la entidad mediante el uso de cuentas bancarias abiertas a nombres distintos de la sociedad Inverbroker para, de esta forma, evitar el conocimiento por parte de la Administración Tributaria, de los clientes y de los acreedores, de cuáles eran los fondos y recursos propios, los fondos ajenos en custodia y el dinero que manejaba la entidad». Inverbroker Baleares S.A. presentó un expediente de quiebra en 1994 con un capital social de 600.000 euros (unos 100 millones de pesetas), «habiendo desaparecido la totalidad del mismo por la gestión de los acusados», según el fiscal.