La propuesta de la ministra María Antonia Trujillo de promover viviendas de protección oficial de 30 metros cuadrados o menos ha suscitado una enorme polémica. Inicialmente esto supondría tener que modificar la legislación actual, ya que ésta sólo permite la construcción de viviendas protegidas con una superficie mayor a los 40 metros cuadrados. Y, evidentemente, se trata de una solución, si es que de ello puede hablarse, para un colectivo limitado. Personas solas, estudiantes o parejas sin hijos serían los posibles destinatarios de las mismas.
La propuesta pretende reducir los costes y permitir un acceso más fácil a una vivienda. Trujillo declaraba ayer, ante las numerosas críticas, que «la dignidad no se mide por los metros cuadrados». Esta medida no es una solución para el problema real de la vivienda en nuestro país y el desaforado incremento de precios experimentado a lo largo de muchos años por ésta, muy superior al del resto de los países de la zona euro. Y, además, significa la reducción del espacio vital en un hogar, si es que así se le puede llamar, convertido en un miniespacio que, por necesidad, debería contar con espacios comunes, como lavanderías, por ejemplo. Pese a que se trata de una alternativa razonable para casos muy concretos, la ministra debería apuntar a otras medidas más acordes con las necesidades de una mayoría de la población que pretende contar con una vivienda «digna» y más espaciosa a un coste razonable.
En este sentido, la creación de la agencia del alquiler por parte del Estado podría contribuir al incremento de este mercado y ser una solución para muchas personas. Pero está por ver si funciona realmente y no se convierte sólo en competencia de las inmobiliarias sin ventaja alguna para los ciudadanos.