El Govern pidió ayer al Gobierno central que promueva 1.000 viviendas sociales en Palma. La propuesta fue debatida en la Mesa de la Vivienda y la consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, subrayó que se incluirán alegaciones al «pacto del suelo» del Ministerio de Vivienda para que se consigan en Palma el objetivo de las 1.000 viviendas sociales. El Govern pretende que el Gobierno central ceda los solares de Son Busquets, Son Simonet y el de la antigua prisión de Palma para poner a la venta por concurso público el suelo necesario para construir 1.000 viviendas sociales. Precisamente, esta reivindicación figura en el documento que ha sido remitido al Ministerio de Vivienda. El Govern, los ayuntamientos, las asociaciones empresariales, los colegios profesionales y sindicatos forman parte de esta Mesa de Vivienda.
Cabrer explicó que las alegaciones proponen que el Ministerio de Vivienda impulse la regeneración de las zonas turísticas más degradadas de Balears. Además, el documento elaborado por la Mesa de Vivienda plantea la necesidad de conseguir un «urbanismo sostenible» mediante la regeneración de las zonas industriales abandonadas de las ciudades.
La titular d'Obres Públiques detalló que solicitará información sobre los criterios de valoración del suelo que propone el Ministerio de Vivienda y reclama que desde el Gobierno central se incluyan unas expectativas «claras y seguras» de edificación que tengan los solares. La consellera d'Obres Públiques también se refirió a la creación de la Sociedad Pública de Alquiler aprobada el viernes por el Gobierno. En este sentido, Cabrer pidió que este nuevo órgano se coordine de la mejor forma con organismos municipales que cumplen la misma función y se refirió, en concreto, a la que existe ya en Palma.