El Govern solicitó ayer, a través de la consellera Mabel Cabrer, que los consells insulars sean más flexible para poder disponer de suelo disponible con el fin de construir viviendas sociales en Balears. En la actualidad, el Ejecutivo puede construir viviendas sociales gracias a la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos, pero la demanda de este tipo de inmuebles va creciendo y la Conselleria d'Obres Públiques no puede acudir al mercado libre para disponer de más territorio. Mabel utilizó un tono moderado para hacer su reivindicación, pero aclaró que habría que compaginar la protección del territorio con algunas medidas con el fin de disponer de más suelo. «Hay que proteger, pero debemos ser conscientes de que estamos perjudicando a muchas personas que buscan casa y sólo pueden acceder a viviendas sociales», dijo Cabrer durante la colocación de la primera piedra de la promoción de VPO en La Rivera. Cabrer agradeció el apoyo «de todos los ayuntamientos que han cedido suelo» y recordó que durante este año se habrán iniciado unas 1.000 viviendas sociales.
El margen de maniobra del Govern para lograr suelo es muy limitado. Si se acude al mercado libre, el actual precio del suelo impide poder edificar viviendas sociales con los parámetros económicos recomendables para que la promoción sea rentable y no suponga una carga para las arcas autonómicas. Por lo tanto, la construcción de viviendas sociales sólo es posible a través de la cesión de suelo de forma gratuita. Precisamente, los terrenos donde ayer se colocó la primera piedra de la nueva promoción de viviendas han sido cedidos por el propio Govern. Durante los últimos meses, el Ejecutivo ha intentado conseguir suelo de particulares para construir viviendas sociales, pero existen muchas dificultades con los consells. El suelo ofrecido al Govern es rústico y hace falta el visto bueno de los consells para poder iniciar las promociones públicas. En concreto, el Consell de Mallorca ha dejado claro durante los últimos años que no permitirá la construcción de viviendas sociales en suelo rústico. La recalificación, por lo tanto, es imposible y el Govern debe limitarse a aceptar la cesión de suelo que den los ayuntamientos. «Desearía más comprensión de los consells», insistió Mabel Cabrer.
La consellera d'Obres Públiques recalcó que la política de construir viviendas sociales en diferentes barriadas de Palma habían supuesto un giro en el concepto de estos inmuebles. «Las viviendas sociales ya no suponen ningún guetho», dijo. De hecho, la promoción que inició ayer el Govern se encuentra entre hoteles y apartamentos de lujo en La Rivera, una barriada situada en segunda línea de la Platja de Palma. La Conselleria d'Obres Públiques, a través del Ibavi, creará 15 pisos sociales de 3 o 4 habitaciones. Estas viviendas serán alquiladas a jóvenes, que pagarán entre 300 y 350 euros al mes de renta. En algunos casos, el Govern subvencionará una parte de estos alquileres para los jóvenes con menos recursos económicos.