Antes que nada, tendríamos que referirnos a la eterna discrepancia entre productores e intermediarios. Desde siempre, la especie de que es el intermediario el que se lleva la mayor parte de la ganancia de un producto cualquiera es la que más se toma como cierta en términos generales, que otra cosa es un estudio detallado de los tramos que recorre ese producto hasta que llega al consumidor. Por eso no deben resultar extraños los conflictos como el que ahora protagonizan los pescadores y vendedores de Palma, cada cual defendiendo sus respetivas razones, respetables ambas.
En principio parece lógica la pretensión de examinar el producto antes de la puja, quedarse sólo en esto puede ser simplista, porque no hay que olvidar que se trata de una transacción económica de la que cada cual pretende, lógicamente, obtener la mayor rentabilidad, y habría que examinar con lupa y tener todos los datos para establecer una sentencia que ni la propia Conselleria se atreve a afrontar, alegando la economía libre de mercado.
En diciembre de 2002 la Confraria de Pescadors (Ficopema) transfirió el contrato de explotación de la lonja de pescado a la Organització de Productors Pesquers de Mallorca (Opmallorcamar), y con ello también traspasó los conflictos y problemas de los que se vienen quejando los pescadores desde siempre, porque a ellos les corresponde la parte más dura del negocio (mayor inversión en barcos, mal tiempo, escasez de capturas, competencia). Pero no es éste el dilema ahora, sino el buscar una solución a la precariedad, teniendo en cuenta que se calcula que el 72% del pescado que se consume en Mallorca procede del exterior. Y en eso siempre tienen las de ganar los vendedores, que pueden comprar el producto en otras lonjas y sin riesgos.