El 77 por ciento de las infracciones urbanísticas detectadas en 2004 por el Consell de Mallorca se produjeron en suelo rústico, en principio inedificable, según figura en la memoria de urbanismo realizada por el departamento que dirige Bartomeu Vicens. De los 132 expedientes que se abrieron en 2004, 102 corresponden a obras realizadas sin licencia en suelo rústico. Es más, 18 de ellas se detectaron en suelo rústico protegido. Las 30 restantes fueron obras ejecutadas sin permiso en suelo urbano. Los datos referidos a los expedientes por indisciplina urbanística revelan que el Consell tiene pendientes de tramitación un total de 556 expedientes. Ello se debe a la larga burocracia que se abre con este tipo de infracciones, desde que se detectan, hasta que se resuelve la multa ya que muchos de los afectados presentan recursos para tratar de eludir las sanciones que se les imponen.
En el listado de municipios donde se cometen más infracciones destacan Palma y Andratx, el primero de ellos con 58 expedientes en tramitación frente a los 40 expediente del segundo. Es decir, sólo Palma y Andratx acumulan el 20 por ciento de las irregularidades urbanísticas detectadas por los servicios inspectores del Consell de Mallorca. Los datos del Consell demuestran, además, que ni un solo municipio de Mallorca se escapa del control urbanístico, si bien en la mayoría de ellos existen menos de cinco expedientes abiertos. La actividad inspectora del Consell de Mallorca se saldó el año pasado con la imposición de 41 multas que sumaron sanciones por valor de 3.338.943 euros, casi un cien por cien más que los 2.340.832 euros de multas que el Consell había impuesto un año antes.
La estadística de sanciones urbanísticas es especialmente reveladora. Entre 1990 y 1997, el Consell de Mallorca tan sólo impuso doce sanciones por obras ilegales. La llegada del Pacte de Progrés al gobierno insular en 1995 marcó un punto de inflexión en este aspecto y las multas impuestas cuadruplicaron en 1998 al llegar a 46. Otro dato interesante que recoge la memoria elaborada por el departamento de Territori del Consell es el referido a las subrogaciones, es decir, al número de actuaciones que realiza la institución insular porque los ayuntamientos hacen caso omiso de las manifiestas ilegalidades urbanísticas que se producen en sus respectivos municipios. En 2004, el Consell tuvo que subrogarse en 25 ocasiones, frente a las 39 realizadas un año antes.