El empeño del actual Gobierno en reforzar la lucha antiterrorista y la mayor atención en el control de material explosivo tras los atentados del 11 de marzo de 2004 han desembocado en la adopción de medidas que realmente se debieron haber tomado hace ya muchos años. El nuevo reglamento de explosivos que recientemente estuvo sobre la mesa del Consejo de Ministros persigue acabar con esa especie de desbarajuste que ha caracterizado en España la posesión y almacenamiento de material peligroso. Basta con recordar que los más de 200 kilos de dinamita que se emplearon en la matanza de Madrid habían sido robados de una mina asturiana sin que las autoridades competentes -y es tan sólo un decir- se percataran de ello, o trabajaran eficazmente en su recuperación, para celebrar el que ahora se tomen cartas en el asunto. Actualmente existen en nuestro país nada menos que 10.000 polvorines, lo que convierte en utópica la empresa de su custodia por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Es por ello que el nuevo reglamento obligará a las empresas que almacenen una cantidad superior a los 150 kilos de explosivos, o 1.000 detonadores, por un espacio de tiempo superior a seis meses, a contratar vigilancia privada. Por otra parte, la Guardia Civil supervisará el transporte de dinamita destinada a explotaciones mineras o cualquier tipo de obras públicas, penándose la negligencia en el control de dicho explosivo con hasta 12 años de prisión. Es posible que las nuevas disposiciones generen algún tipo de protesta entre los afectados por ellas, pero dichas quejas parecen de carácter menor si se tiene en cuenta que vivimos en un país en el que, amén de la extraordinaria cantidad de polvorines ya reseñada, se fabrican anualmente cuatro millones de kilos de goma 2. Poner más orden en un campo potencialmente tan peligroso era de rigor.
Editorial
Polvorines vigilados