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La huelga de los funcionarios de Justicia tuvo un seguimiento desigual en Balears

Los sindicatos cifran en un 70% el apoyo al paro, y Justicia, en un 23%

P.C./E.L.V.
Manifestaciones en algunas de las sedes judiciales, varios juicios suspendidos y malestar entre los ciudadanos más perjudicados. Ese fue, a grandes rasgos, el balance de la huelga general de los funcionarios de Justicia convocada ayer en todo el país por los sindicatos mayoritarios en el sector. La central CCOO cifró en un 58% el porcentaje de seguimiento de la huelga, por un 65% UGT y un 70% el CSI-CSIF. En un seguimiento pormenorizado, UGT señala que en el centro de los Juzgados de Vía Alemania secundó el paro el 35% de los trabajadores, en el TSJB (55%), sa Gerrería (55%), Manacor (65%), Inca (30%), Menorca (70%) y Eivissa (90%). En un comunicado, CCOO lamenta «tener que haber llegado a esta situación», que achaca al incumplimiento de los acuerdos suscritos con los representantes laborales por parte del Gobierno, al que acusa de no haber «realizado ningún esfuerzo» para «atender las llamadas al diálogo a fin de resolver» el conflicto.

El sindicato subraya que el desacuerdo «se agravó» debido al envío a los trabajadores de una carta de la Secretaría de Estado de Justicia que, a su parecer, en «un intento desesperado por impedir las movilizaciones» e hizo «afirmaciones que no se ajustan a la realidad», por las que exige «rectificaciones y disculpas públicas».

Por otra parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, negó que su Gobierno haya generado una «grave crisis con el personal de la Administración de Justicia», que ayer estaba convocado a una huelga, y aseguró haber ofrecido «el incremento retributivo más alto que hayan visto los ministerios de Justicia de la Democracia». Así lo expuso López Aguilar en el Congreso al ser preguntado por el portavoz del PP en materia de Justicia, Ignacio Astarloa, acerca de «las medidas que piensa adoptar para afrontar la grave crisis que han generado con el personal de la Administración de Justicia». «Déjeme negarle la mayor», contestó el ministro, al destacar que «no hemos generado ninguna grave crisis con el personal de la Administración de Justicia».

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