OLGA QUINTANILLA/TORRES BLASCO
El Gobierno del Estado recupera mediante el nuevo convenio de
carreteras entre el Ministerio de Fomento y el Govern de Balears el
control efectivo sobre los proyectos viarios que financie. Fomento
pagará las expropiaciones y licitará las obras, sin descartar, en
el futuro, adjudicar un encomienda de gestión a los consells
insulars, que participarán en la comisión de seguimiento y control
de las obras. Estas son algunas de las claves políticas del
convenio que ayer anunció la ministra Magdalena Àlvarez que
sustituye al anterior y que, oficialmente, fue denunciado ayer. Las
obras que el Govern había iniciado sin esperar al visto bueno del
Ministerio de Fomento (entre ellas la autopista Inca-Sa Pobla) así
como otras carreteras de las tres islas no recibirán consignación
presupuestaria de Madrid. Sí el resto, incluso lo que se plantea
como alternativa al Segundo Cinturón de Palma.
El Segundo Cinturón, tal como estaba siendo planteado desde el Govern y el Consell, cae del convenio pero se compensa con una alternativa: nuevos accesos y variantes a Palma que ya tienen una partida asignada, 111,14 millones de euros. La propia ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez, compareció ayer en la sede del ministerio para dar algunos detalles de la nueva propuesta, anunciar la denuncia del anterior y alabar las gestiones del secretario general del PSIB y diputado socialista por Balears, Francesc Antich. El presupuesto previsto para el nuevo convenio (remitido ayer mismo al Govern) es de 569 millones de euros a invertir en 15 años, de aquí a 2020. Alvarez apeló a la «responsabilidad» del Gobierno presidido por Jaume Matas para que acepte el nuevo convenio, ya que han «incumplido sistemáticamente el convenio firmado con el anterior Gobierno de José María Aznar».
El Ministerio ya anunció en diciembre que rompería el actual convenio, firmado el 12 de marzo de 2004 por el entonces ministro, Francisco Alvarez-Cascos, y el ejecutivo autonómico, alegando que el Govern lo había vulnerado licitando obras sin la preceptiva supervisión de Fomento y con presupuestos y plazos modificados unilateralmente. Alvarez anunció que el nuevo proyecto responde a la intención de «evitar malentendidos» sobre la posibilidad de que la denuncia del anterior convenio responda a una «excusa para no invertir» en las islas, porque según la ministra la nueva propuesta es «mejor». El convenio tiene por objeto, según dijo, establecer el régimen de colaboración entre el Ministerio y el Govern en materia de carreteras de interés general y se divide en tres anexos. El anexo primero relaciona «las obras que deberán ser licitadas» por el Ministerio de Fomento en los dos primeros ejercicios, que suman 264,4 millones de euros e incluyen los accesos y variantes a Palma, la variante de Son Servera, la de Ferreries, el nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa y el desdoblamiento Eivissa-San Antonio.