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El valor del suelo en Palma se ha disparado un 261% en doce años

El encarecimiento de los solares para construir viviendas es la causa fundamental de que el precio de los pisos haya subido un 193 por ciento

La actividad en el sector de la construcción vuelve a los niveles anteriores a la moratoria. Foto: PERE BOTA

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En concreto, la repercusión del precio del suelo por metro cuadrado construido crece desde los 216 euros contabilizados en una promoción vendida sobre planos en el año 1992 (36.000 pesetas) hasta los 781 euros (130.000 pesetas) en una homóloga comercializada el año pasado en Ciutat. Este estudio, realizado en base a promociones vendidas en barrios como Santa Catalina, Son Cotoner, Plaza de Toros, Son Nadal, Reyes Católicos o incluso el Molinar y Cala Gamba, entre otros, confirma que el precio de los solares ha sido el factor que más ha contribuido a encarecer la primera vivienda en el extrarradio de Palma y en el conjunto de la Isla.

En términos absolutos, el informe elaborado por el presidente del Colegio de Aparejadores parte de una promoción cuyo precio de venta ascendió a 901 euros (150.000 pesetas) el metro cuadrado en el año 1992 y lo termina con un valor de 2.644 euros (440.000 pesetas), lo que implica un encarecimiento del 193 por ciento. Este diagnóstico es compartido por la Asociación de Promotores de Balears, quienes afirma que algunas decisiones políticas proteccionistas amparadas en el desarrollismo turístico han tendido consecuencias directas en el mercado de la primera vivienda y han situado a gran parte de la demanda, sobre todo a los jóvenes, fuera del mercado inmobiliario local.

En cualquier caso, el impacto del valor del suelo sobre la construcción residencial queda patente en su peso sobre el valor final de los pisos, que pasa de representar el 24 por ciento del precio de venta en el año 1992 al 30,7 por ciento de 2004. El segundo factor explicativo del encarecimiento de la vivienda ha sido el crecimiento de los costes de producción, derivados sobre todo de la «avalancha» de normas dictadas por las administraciones central y autonómica en los últimos quince años, con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad de la edificación.

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