La dirección de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears ha adelantado al próximo viernes la asamblea general de socios con el fin de estudiar la posibilidad de presentar un recurso ante los tribunales en contra de la aprobación del Plan Territorial de Mallorca. La asamblea estaba prevista para los primeros días del mes de marzo, pero ha tenido que adelantarse dado que el plazo para la presentación de recursos contra el Plan Territorial finaliza el próximo día 28 de enero. El Plan Territorial entró en vigor el 1 de enero de 2005, después de que su publicación en el BOIB figurara a fecha 31 de diciembre, aunque realmente se publicara el 12 de enero. El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares, Gabriel Oliver, aseguró que el viernes presentará un informe sobre el Plan Territorial elaborado por la Universidad Complutense que analiza si existen razones para presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears. El presidente de los promotores no quiso desvelar el contenido del informe, pero se da por hecho que sí apunta la posibilidad de recurrir el documento ante el juez ante la evidencia de que existen indicios de inconstitucionalidad.
El posible recurso que presenten los promotores se suma a la decena que ya han presentado ante el juez personas afectadas por las disposiciones del Plan o asociaciones contrarias a su contenido. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que al menos ya hay diez recursos presentados, pero es previsible que esta cantidad aumente antes del día 28 de febrero. Ultima Hora ya informó de que entre las asociaciones que han recurrido el Plan se encuentran los monjes de la Real y la asociación de vecinos de este mismo barrio. Estas dos asociaciones, junto con un empresario afectado por las disposiciones del documento, fueron los primeros en llevar el texto a los tribunales.
Estos recursos se basaron, en parte, en la arbitrariedad urbanística que establecen las Àreas de Reconversión Territorial, que han sido fijadas según los criterios del Consell. También argumentaron que la delimitación de las Àreas de Transición de los distintos municipios también puede atentar contra la autonomía municipal, ya que los ayuntamientos son instituciones soberanas en materia urbanística. Tras la presentación de los recursos, el Tribunal Superior de Justicia deberá decidir si suspende o no la aplicación del Plan.